* Luis Manuel Muñoz Cuahutle
La Justicia Social
El Sol de Tlaxcala, Página 06 martes 26 de febrero del 2019
En un mundo en el que los recursos de que dispone una sociedad resultan tanto limitados en razón de su existencia, así como inequitativamente distribuidos por la sola acción del mercado, el reto mayor para los gobiernos de todos los órdenes radica en cómo lograr una reasignación justa de esa riqueza, la que en términos de propiedad se la adjudican unos cuantos, pero que en los de su generación la producen todos quienes participan en el proceso de su producción, distribución y consumo.
La lucha de los desposeídos por obtener un poco de la riqueza acumulada por algunos es centenaria, y si bien las teorías sobre justicia social empezaron a acuñarse en la segunda mitad del siglo diecinueve, época que se caracterizó por la expansión de la industrialización en Europa, al igual que en los Estados Unidos y en Japón, trayendo mejoras en las condiciones de vida de los habitantes de las zonas urbanas, una mayor concentración de la riqueza y avances en el terreno de la democracia al generalizarse el sufragio, aunque en momentos diferentes, primero para los hombres y tiempo después a las mujeres, lo cierto es que en su otra cara generó tensiones en el ámbito político, ya que los nacionalismos y el proteccionismo de esa etapa desembocaron en la primera guerra mundial 1914-1919.
Las ideas sobre la justicia social fueron generando una exigencia a los estados para su mayor intervención como reguladores de la economía, en busca de que la riqueza tuviese una mejor distribución y que se diesen condiciones laborales más decentes a los trabajadores, lo que fue base para que la Conferencia Internacional del Trabajo –órgano supremo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- desde su declaración constitutiva en 1919 fuese diseñando sus demandas de mejores condiciones de trabajo y de vida.
En su Declaración de 2008, la OIT manifestó la necesidad de una política de justicia social para una globalización equitativa. En ella, los representantes de los 182 países miembros se comprometieron a impulsar el avance de la Agenda de Trabajo Decente, propuesta por la OIT en 1999, afirmando, que la paz, la seguridad mundial, las libertades fundamentales y los derechos humanos, solo serán posibles si existe desarrollo y justicia social.
Pero, lo anterior ¿Cómo se relaciona con la democracia y los derechos políticos? Para responder, destaco que los valores de libertad, el respeto por los derechos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal, son elementos esenciales de la democracia, la que, a su vez, proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos –al resolver el caso Castañeda Gutman vs. México-, señaló que los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental dentro del sistema interamericano, que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana que, en conjunto, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
En ese sentido, el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos de las personas, como lo son aquellos que buscan garantizar el acceso y la equidad para asegurar la plena participación en la vida social, especialmente para quienes que se han visto excluidos sobre la base de su etnia, edad, género, habilidad física o mental, educación, orientación sexual, situación socioeconómica u otras características del grupo de pertenencia; así como, la igualdad de oportunidades, el acceso al poder, la posibilidad de participar en diferentes espacios públicos o el acceso al conocimiento, que son algunos bienes que también han de ser redistribuidos.
Por ello, es incuestionable que la justicia social es un componente de la democracia, ya que no podría aceptarse que una sociedad se denomine a sí misma democrática, si en su seno prevalece injusticia en cuanto al reparto de la riqueza, y en general si no garantizan mecanismos de inclusión y pluralidad.
Para Iris Marion Young, el enfoque de Justicia Social necesita una perspectiva más extensa acerca la eliminación de la opresión y dominación institucional. Con ello, cualquier enfoque sobre justicia debe estar centrado en los procesos políticos que eviten tanto la injusta distribución de bienes como la injusta distribución del reconocimiento social, ya que, para que una condición social sea justa, debe permitir a todos satisfacer sus necesidades y ejercer su libertad.
De esta manera, son las estructuras de toma de decisiones el elemento principal para lograr la justicia distributiva y de reconocimiento de la diferencia; por tanto, es la democracia condición básica de la Justicia Social. De ahí, lo necesario de que todos juntos, autoridades y ciudadanía la fortalezcamos.
* Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala