Cultura de la legalidad en materia político-electoral en México

Miguel Nava Xochitiotzi 

Artículo publicado en la página 9 de El Sol de Tlaxcala el día 31 de marzo de 2020

La cultura de la legalidad no es exclusiva ni de los ciudadanos ni de sus representantes o gobernantes, aunque podría atribuírseles una mayor responsabilidad a los segundos respecto a cómo se moldea, por su posición e influencia para la toma de decisiones y su capacidad para implementar políticas públicas. Sin embargo, tal responsabilidad no comienza en lo que podrían hacer estos actores en favor de una cultura de mayor apego a la legalidad, sino que se extiende a lo que llegan a hacer en su detrimento.

Sería ingenuo no reconocer que el conflicto por el poder subyace a la competencia político-electoral. En esa medida, no debería causar extrañeza que se observen actitudes encaminadas a la violación deliberada de la ley, por lo que es muy probable que, en la medida en que los actores políticos se apeguen a la ley, no sólo alentarán la cultura de la legalidad existente, sino que gozarán de mayor legitimidad entre la ciudadanía y ésta se mostrará más interesada por participar en el ámbito político-electoral.

Por otro lado, aun cuando ya se expresó que quizás la responsabilidad de orientar positivamente la cultura de la legalidad en México sea mayor para los gobernantes que para los ciudadanos, no deja de reconocerse que éstos deben compartir tal responsabilidad tanto como se comparte la cultura en sí.

En ese sentido, se advierte que transformar la cultura de la desigualdad, de la corrupción y del miedo en una cultura de la legalidad democrática, es una tarea gigantesca que sólo será realizable si entendemos que la cultura de apego a la ley es una tarea que convoca a sociedad y gobierno, lo mismo que a partidos políticos, grupos organizados, autoridades electorales y medios de comunicación, pero que requiere de un compromiso cívico.

Ahora bien, si la norma por sí misma no asegura su cumplimiento, es necesario crear condiciones que colaboren a ello y una indispensable es el fomento de una cultura de apego a la legalidad. Sin embargo, la meta para lograr el cambio cultural es muy lejana, requiere tiempo, esfuerzos conjuntos, estrategias, políticas públicas, organización, etc.

Por lo anterior, un punto de partida que ayudaría a uniformar el enfoque de todos estos aspectos es la educación cívica, la formación ciudadana y fortalecer el sentir de la norma electoral para que de manera armónica se ajuste la conducta humana al contexto de la ley.