¡¡UN NUEVO RETO!!

Claudia Salvador Ángel

Artículo publicado en la página 8 de El Sol de Tlaxcala el día 15 de diciembre de 2020

El pasado 10 de diciembre, recibí del Senado de la República la honrosa designación como magistrada para integrar el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala. En esa misma fecha tomé la protesta de ley y al siguiente día me incorporé de manera formal al Tribunal en una sesión solemne. Con esto se marca el inicio de una nueva etapa en la historia del órgano colegiado encargado de impartir justicia en materia electoral en el estado.

El reto no es sencillo. Estamos frente a uno de los procesos electorales más grandes en la historia de Tlaxcala. En el ámbito local, hablamos de la renovación de la Gubernatura, el Congreso local, la integración de ayuntamientos y presidencias de comunidad.

En su primer año de vida, el Tribunal Electoral de Tlaxcala enfrentó un reto parecido, sin embargo, con la entrega y profesionalismo de los integrantes del Pleno y del personal, se logró salir adelante en el desafío.

Con el paso de los años, la actividad jurisdiccional tomó un sentido de profesionalismo y de capacitación constante en todas sus áreas. Se convirtió en una institución sólida, eficaz y efectiva en sus resoluciones. Prueba de ello son los últimos datos presentados por el presidente de este órgano electoral en su último informe de actividades: tenemos el 98 por ciento de efectividad en las resoluciones.

El Tribunal se ha caracterizado por mantener una línea resolutora apegada a Derecho, teniendo como base los principios rectores de la materia electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Esas son las razones por las que a nivel nacional este órgano colegiado ha sido reconocido.

Tener la oportunidad de integrar el pleno del Tribunal Electoral, me obliga a dirigir mi actuar de manera honesta, transparente, institucional y apegada a la ética y profesionalismo que exige el desempeño del cargo. Mi obligación es sumar en todo momento con mis compañeros magistrados.

Hoy en día, la nueva normalidad derivada de la pandemia mejor conocida como Covid-19, nos impone nuevos retos a las instituciones electorales, los cuales nos obligan a buscar los mecanismos para garantizar la salvaguarda del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

El momento que vive el estado en materia político electoral, es histórico. En ese sentido mi compromiso no solo es con la responsabilidad en la impartición de justicia, sino también con aquellas mujeres que han luchado por abrir espacios de representación y oportunidades en igualdad de condiciones.

Mis raíces me obligan a velar en pro de la defensa de las comunidades, desde una perspectiva real y con conocimiento de causa. Desde niña he aprendido el respeto que se debe de otorgar a la autonomía de los grupos vulnerables. Soy una mujer originaria del último bastión otomí en el estado, y conocer de cerca la problemática que viven las comunidades me permite tener una visión progresista en la salva guarda de los derechos político-electorales. Mi compromiso es garantizar la autodeterminación de las comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres.

La honestidad, transparencia y austeridad deben de ser ejes centrales con los que los juzgadores nos conduzcamos. El gran reto, ante las circunstancias que impone la nueva normalidad, es fortalecer  al órgano encargado de impartir justicia electoral para que las y los ciudadanos confíen plenamente en él. Esto es, que tengan la certeza de que cuentan con un tribunal que garantiza la salvaguarda de sus derechos político-lectorales, así como del respeto de la voluntad popular emitida en urnas.